La edad de imputabilidad penal

Roberto Gargarella y Leonardo Filippini
Para LA NACION
Martes 12 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa


LA doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio , es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención.

Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?

Hacer estas preguntas necesarias no implica "atarle las manos" al Estado, ni negar su facultad de reaccionar frente a los crímenes. Tampoco requiere asumir que los jóvenes que delinquen carecen de discernimiento, o desconocen las consecuencias de lo que hacen. Ellos son responsables en la medida de sus capacidades y posibilidades, al igual que cualquiera de nosotros. Debemos reclamar al Estado que actúe con energía y rapidez, pero no de cualquier manera, con tal de calmar las ansiedades sociales naturalmente desatadas frente a un delito serio.

La delincuencia juvenil nos remite al problema de los menores desatendidos. Nos refiere a los jóvenes que el Estado no ha sabido educar en el compromiso con los demás y con su comunidad, y cuyos actos violentos no se sabe contener más que por vía de la segregación institucional. En efecto, y a pesar de la difusa información oficial, un reporte de Unicef, la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba, como mínimo, a 1799 muchachos y jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales. El 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI. La rotación de la población juvenil, además, sugiere que semejante vivencia es experimentada por un universo de jóvenes mucho mayor. Y por cierto, un porcentaje importante de la población penal adulta -alrededor de 60 mil- pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud.

Estas cifras muestran que ya existe un importante número de jóvenes en conflicto con la ley penal que son regularmente captados y privados de su libertad por las instituciones del Estado en condiciones muy cuestionables. No son pocos, y bajar la edad de imputabilidad autoriza a anticipar que podrían ser incluso más, y más jóvenes. La realidad del sistema penal juvenil, sin embargo, exige repensar primero qué respuestas estamos ofreciendo, antes de concluir que es necesario ampliarlas. En lugar de expandir el castigo, deberíamos extender el sistema de prevención y protección de derechos, reservando a la pena su lugar de último recurso. Y aun cuando algunas opiniones sostienen que bajar la edad de imputabilidad podría servir para llevar los reaseguros de un proceso judicial al tratamiento de la situación de los menores, no hay razón probada que avale que el aumento del castigo a los menores sea necesario o indispensable para la mejor protección de las víctimas y de los jóvenes infractores. Sencillamente, si la idea es asegurar garantías y derechos, habilitar la vía penal no es la herramienta más razonable, ni la más útil, ni mucho menos una vía indispensable.

Ya existen varias experiencias concretas alternativas al castigo que demuestran que se puede tratar al joven infractor como sujeto de derechos y responsable de sus actos, a través de intervenciones socialmente más beneficiosas que el esquema penal, y mucho menos problemáticas. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de hecho, ha estimulado el empleo de algunas de esas alternativas, como los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus familias o comunidades de origen, o la reducción de los regímenes cerrados, sin mayores inconvenientes. Renunciar a este camino y en cambio hacer principales responsables penales a adolescentes y jóvenes sólo oscurece los deberes del Estado y de los adultos frente al delito juvenil: se trata de una buena manera de proclamar a los gritos la solución de un problema, mientras se trabaja cotidianamente para reproducirlo y ahondarlo.

© LA NACION

Los autores son doctores en Derecho y profesores universitarios


OPINIONES

1.- La ley 26061 del año 2005 es excelente y la conozco al dedillo. Me gustaría que se cumpliera. Habiendo dicho eso, continúo. Alguien puede darme un argumento por el cual la imputabilidad de un delito se da después de los 18 años, pero a una niña de 13 años de edad y un día, si es violada, se le supone consentimiento, siendo que la violación es un delito? O sea, me explico mejor: se le imputa a la niña, a sus 13 años de edad, participación consciente en un delito, además se presume que miente y calumnia cuando denuncia haber sido violada por alguien; más aún, si ese alguien es un mayor de edad, esa violación es estupro, así que se la supone partícipe de un delito penal. Es el único caso que conozco, en el que el delincuente (la niña en este caso) debe "probar su inocencia", debe probar que no dió consentimiento. En todos los demás casos imaginables e inimaginables, la parte acusadora o el fiscal debe probar su acusación; no es lo mismo. Es una falla grave en nuestras leyes.
Insisto. La excelente ley 26061 explicita perfectamente los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En ninguna línea leo que uno de esos derechos sea matar, robar o violar. También explicita como está conformado el Sistema de Protección Integral del Niño, y funcionario que no de trámite a una denuncia de violación de uno de esos derechos, cae en grave falta de deberes de funcionario público. Los funcionarios públicos son mayores de edad. No conozco ningún caso en que alguno haya sido destituído por no atender y archivar una denuncia con pruebas y testigos ofrecidos. A juzgar por la cantidad de menores, que desgraciadamente, son víctimas de situaciones aberrantes sostenidas en el tiempo, esto es muy llamativo.

2.- Hace más de 50 años en mi barrio habia un adolescente que asolaba al vecindario. La policía cansada de llevarlo preso. El padre, ignoraba a su barrio y a las autoridades. Un día se llevaron preso al padre, quien legalmente era responsable de educar a su hijo. Bastó con un tiempito preso para que se convenciera que era responsable de los actos de su hijo y que nadie más sufriera los abusos cometidos. Si se pusiera en práctica hoy en día se acabarían los menores ladrones y asesinos.

3.- Excelente artículo Roberto Gargarella, Leonardo Filippini, quienes trabajamos con niños y jóvenes sabemos que bajar la edad de imputabilidad, es lavarse las manos...toda la sociedad, en la que me incluyo.

4.- La edad de imputabilidad no se debe bajar sino subir... y hacer penalmente responsables de los actos de los menores a sus padres o tutores. De la misma manera en que un padre o tutor es civilmente responsable por los actos de los menores a su cargo. Esto haría que los menores delincuentes dejaran de ser «bienes de producción» para sus padres y se convirtieran en «riesgos eventuales», tal como ocurre en las familias de clase media. Así las familias cuidarían que sus hijos no cometan delitos.

5.- Insisto, este tema de la baja de la edad de la imputabilidad no es para guitarrear. Es una cuestión muy seria que debe tomarse con toda la prudencia y el equilibrio que la razón provee porque de lo contrario se puede terminar bajando la edad a los 8 años como en Inglaterra (¿Hay algún parecido con la Argentina?) sin resultado alguno en cuanto a la disminución del delito. Hay otros factores que inciden que algunos foristas no tienen en cuenta. Por ejemplo,no se vio a multitudes reclamando porque el gobierno kirchnerista le recortó el 40% del presupuesto al Poder Judicial, ni manifestando a favor del proyecto Cobos de Servicio Cívico. Y eso sólo es una muestra. Con un gobierno que dice que la inseguridad es "una sensación" creada por los medios y que desparrama pobreza y barbarie para mantener el clientelismo la disminución del delito es una utopía. Mientras se ataque al producto y no a la fábrica ... sigamos mirando fútbol gratis para aliviar las penas.