Claves para evitar accidentes en el agua

Noticias de Ciencia/Salud: Domingo 13 de diciembre de 2009 Publicado en edición impresa
Para disfrutar sin riesgo de las piletas y los deportes acuáticos
Pediatras elaboraron un documento para prevenir el ahogamiento, que es la segunda causa de muerte en menores de 15 años
Fabiola Czubaj
LA NACION
El calor ya invita a zambullirse en la pileta o a preparar el kayak o la moto acuática para disfrutar del río o del mar. Por eso es muy oportuno tomar algunas precauciones con los chicos y los adolescentes para evitar los accidentes.
Pero ¿cuál es el mejor chaleco salvavidas? ¿Hay que usar casco para andar en moto de agua? ¿Sirve la matronatación para aprender a nadar? ¿Cuándo se considera segura una pileta? ¿Conviene zambullirse en un espejo de agua? ¿Cuándo es seguro llevar un bebe a bordo?
Las respuestas, elaboradas por un grupo de pediatras especializados en prevención de accidentes, ayudan a evitar el ahogamiento, la segunda causa de muerte en los menores de 15 años. "La «noción del peligro», que es un conjunto de percepciones y aprendizajes que resguardan la integridad física, se adquiere a alrededor de los 4 años", precisan los autores del Consenso Nacional de Prevención del Ahogamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Esa es la mejor edad para empezar con las clases de natación, que suelen ser más efectivas cuando están a cargo de un profesor y no de un familiar. El contacto previo con el agua, como ocurre con la matronatación, "sirve para que el chico tome confianza con el agua y que aprenda a disfrutar y a respetar el agua, pero no para que aprenda a nadar ni a mantenerse a flote; además, puede generar en los padres una falsa sensación de seguridad. Con la primera bocanada de agua que traga un chico, ya no puede gritar ni pedir ayuda", explicó el doctor Carlos Nasta, presidente de la Subcomisión de Prevención de Accidentes de la SAP y redactor del documento.
Junto con él, 38 pediatras revisaron todas las normas nacionales e internacionales para prevenir los factores de riesgo asociados con las actividades en el agua de chicos y de adolescentes. El trabajo reveló una gran desorganización de esas normas. "Existe una gran desinformación y una gran dispersión de la información, que también es ambigua, contradictoria o deformada. Esto es apenas un puntapié fundacional a un documento serio y ordenado."
El chaleco, incluido para los menores de 4 años, se debe comprar según el peso y no la edad de los chicos. Debe mantenerlos a flote, con la cabeza fuera del agua; tener una abertura en el frente, con tres broches de seguridad como mínimo y una correa no extensible, que una la parte delantera y trasera por la ingle con un broche.
Los expertos desaconsejan el uso de brazaletes inflables, colchonetas, cámaras de automóvil o los salvavidas anulares clásicos de las embarcaciones porque "no ofrecen ninguna garantía", ni siquiera en una pileta segura.
En los arroyos, los ríos, las lagunas o el mar, la turbidez, los pozos de agua y la contracorriente actúan como "trampas" para los chicos, ya que facilitan el desplazamiento del cuerpo al sumergirse e impiden reconocer rápidamente signos de agotamiento. Para ingresar en un espejo de aguas oscuras, recién a partir de los 8 o 10 años, un chico debe hacerlo caminado lentamente y de la mano de un adulto. La primera inmersión es conveniente hacerla con zapatillas livianas para evitar lesiones.

Edades adecuadas para navegar
El consenso recomienda no llevar a pequeños de hasta 2 años a bordo de embarcaciones de remo (kayaks, canoas, piraguas o botes), con motor fuera de borda (gomones, motos de agua o lanchas pescadoras) o con velas. A partir de los 2 años, pueden hacerlo, pero con chaleco y junto con un adulto que sepa nadar.
El uso del optimist está permitido a partir de los 8 años, con vigilancia; el kayak y la piragua, desde los 10 años con curso de entrenamiento y chaleco; las motos de agua, a partir de los 16 años, a baja velocidad y con el chaleco puesto. "El uso del casco es polémico -se lee en el documento, que se puede conseguir en la SAP-. Sus ventajas ante un vuelco en el agua son obvias. Su desventaja sería la sofocación por la correa de seguridad y el ahogamiento al llenarse de agua."
Siempre, los expertos recomiendan que el responsable de supervisar las actividades en el agua no se distraiga, tenga visión directa de los chicos y conozca las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que evitan la muerte inminente.

CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS.

Quien sabe que se comete un crimen y no lo denuncia es un cómplice

José Martí

El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.

'A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza'.
Gentileza de Arturo Avellaneda arturavellaneda@ msn.com


LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA

Argentina / Norte de la provincia de Santa Fe

Diario La Capital

Las Petacas, Santa Fe, 29 septiembre 2006

El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años.
Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar.
Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama 'esquinero'.
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el 'mosquito', desde el punto del medio de la máquina y pararse allí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar..
Los rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos.
Tienen un olor fuertísimo.

'A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara', describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.
No hay protección de ningún tipo.
Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los chicos.
'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor', agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: 'Que tengamos cáncer', ejemplifica. 'Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza.
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza', dicen las voces de los pibes envenenados.
-Nos buscan dos productores.
Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital.
Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día.
No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados.
A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso', remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. 'No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos.
No hubo avances.
Los pibes siguen de banderas.
Es en Las Petacas, norte profundo santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Fuente: Diario La Capital, Rosario, Argentina

miércoles, 11 de abril de 2012

Carta de ASAPMI - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil

30/03/2012


Carta de ASAPMI - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil

Los integrantes de la Comisión Directiva de ASAPMI - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, asociada a la International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) -, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para trasmitirle nuestra profunda y honda preocupación por la postura que vienen asumiendo en forma continuada algunos colegios de psicólogos, especialmente de la provincia de Buenos Aires, en relación al tratamiento poco serio y comprometido que se les otorga a las denuncias efectuadas contra profesionales psicólogos y psicólogas, que han intervenido en el reporte, el diagnóstico y/o el tratamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma de maltrato o abuso por miembros de su familia.



Ya con fecha 23 de setiembre de 2010 nos dirigimos en términos similares -aunque no idénticos- a la Federación de Colegios de Psicólogos de la República Argentina.



Decíamos entonces que desde mediados del año 2000, posiciones antes aisladas que desde lo legal, lo asistencial y lo teórico se mostraban críticas al abordaje específico de la problemática de la Violencia Familiar (especialmente en el caso de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes), han terminado por confluir en una serie de puntos de vista respecto del tema que bien podría llamarse el “backlash” argentino. Este contramovimiento se ha extendido a todo el campo de la violencia intrafamiliar alcanzando principalmente a la violencia de género, como también al maltrato a ancianos y ancianas; e incluso a la población más vulnerable: los/las discapacitados/as.



Un análisis del “backlash” argentino demuestra una trama organizada de nuevas creencias que se ha convertido en un riesgoso “patrón de respuesta” de los operadores judiciales frente a las denuncias por sospechas de abuso sexual incestuoso de niños/as, que se desplaza luego, con matices, a las distintas formas de maltrato intrafamiliar.

Se destaca como uno de los efectos principales del backlash el ataque y neutralización a aquellos/as profesionales que, de acuerdo al conocimiento consensuado en el campo de protección de la infancia en riesgo, evalúan y abordan los vínculos familiares fallidos con estrategias acordes a la gravedad de sus consecuencias. Son ejemplo de esto el agravio y la injuria en artículos y jornadas, denuncias por mala praxis infundadas e impunes sostenidas por



beneficios de litigar sin gastos; amenazas telefónicas; mails con textos altamente amenazantes; injurias, calumnias, difamaciones a través de páginas de internet; pintadas y pegadas y, particularmente, un brutal ataque físico que casi termina con la vida de una de las psicólogas más comprometidas y capacitadas en la problemática: Lic. María Cristina Vila.



A ello deben agregarse burdas descalificaciones que los asimilan a “nazis”, “cazadores de brujas”, “generadores de histeria de masas”. Estas son algunas de las formas poco originales con las que se pretende inhibir a quienes consideran necesario intervenir en la “intimidad” e “integridad” de la familia. De este fenómeno ha dado cuenta la publicación periodística de diferentes artículos como por ejemplo: “Con el lema ojo por ojo, hijo por hijo” de Mariana Carabajal, publicado en el diario “Página 12” del día 27 de mayo de 2009; “Reconocer esta violencia” de Eva Giberti, publicado en el diario “Página 12” del día 03 de junio de 2009; “Niños abusados sin justicia y psicólogas golpeadas por escucharlos” de Pilar Vendrell, publicado en el diario Página 12 del día 26 de Marzo de 2010; “¿Cómo cuidar a quienes cuidan?” de Luciana Peker, publicado en el diario “Página 12” del día 16 de Abril de 2010; “Violencia contra una luchadora contra la violencia” de Luciana Peker, publicado en el diario “Página 12” del día 07 de mayo de 2010; y “Violencia contra los defensores de víctimas” de Pilar Vendrell, presentado recientemente en el “12° Congreso Anual de Psiquiatría”.



De este modo se invierte el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia en cumplimiento de la ley.



Este contraataque reaccionario refuerza la Violencia Familiar vigente y condena a toda/o niña/o víctima a la perpetuación del maltrato hacia su persona, al tiempo que intenta introducir la impotencia entre los integrantes del sistema judicial y entre las/los profesionales que han llevado adelante hasta ahora la pesada carga de sostener el proceso.



Muchos/as de los/as profesionales que reportan, diagnostican y/o brindan tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma de maltrato infanto-juvenil –preferentemente en el ámbito familiar- han sido víctimas de persecuciones, hostigamientos, ridiculizaciones por parte de los ofensores y/o por algunas de las agrupaciones que los nuclean.



Ahora bien, estas denuncias temerarias y maliciosas, en muchos casos vienen gozando del apoyo, del sostén y – por qué no decirlo - de la complicidad de algunos colegios de psicólogos que no dudan en instruir sumarios aún cuando las mismas no tienen la mínima viabilidad o son claramente improcedentes. Este tipo de victimización –definida como terciaria o vicaria- no sólo alcanza al/la profesional, que se ve desalentado/a a intervenir en este tipo de casos, sino que se

expande al niño, niña o adolescente víctima, que difícilmente encontrará un/a psicólogo/a para su evaluación y/o tratamiento.



Dicho claramente – y, en algunos casos, lejos de aplicarse la normativa jurídico-legal y ética-deontológica ante la presunción de falla o mala praxis profesional por parte de algún psicólogo o psicóloga conforme a Derecho -, se instruyen sumarios que no son más que verdaderas



persecuciones a quienes se han involucrado o implicado en una situación de sospecha razonable o de conocimiento fehaciente de la comisión de hechos constitutivos de maltrato infantil en los términos de la ley 12.569; ya sea que se trate de la etapa diagnóstica o la etapa de tratamiento.



El Código de Etica de la Asociación de Psicólogos de la República Argentina establece en su preámbulo: “Propician para el ser humano y para la sociedad en que están inmersos y participan, la vigencia plena de los Derechos Humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales que se traduzcan en un hombre y una sociedad protagonista, crítica y solidaria. Entienden bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales y trabajan según el ideal social de promoverlo todos por igual, en el mayor nivel de calidad posible y con el sólo límite que la ética y la ciencia establecen. Comprenden que es responsabilidad individual de cada psicólogo aspirar a alcanzar él mismo y promover en sus colegas una actitud responsable, lúcida y comprometida frente al ser humano concreto y sus condiciones...Su objetivo principal se orienta el ejercicio profesional de los psicólogos atendiendo a la protección de los individuos y los grupos con los cuales trabajan ... Los psicólogos respetan y protegen los derechos humanos y civiles y no participan en forma deliberada, ni consienten, prácticas discriminatorias.”



A renglón seguido en cuanto a los “principios generales” se analiza el “Respeto por los derechos y la dignidad de las personas” estableciéndose: “... El psicólogo en ejercicio de su profesión adhiere a la definición de sus responsabilidades, derechos y deberes, de acuerdo a los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.”



Más contundente resulta la normativa prevista en el Código de Etica del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 4º: “El psicólogo en el ejercicio profesional, se guiará por los principios de responsabilidad, competencia y humanismo prescindente de cualquier tipo de discriminaciones”.



El Código de Ética de la FePRA establece en su art 3.3.8 que los/las

psicólogos/as tienen la obligación de denunciar tanto el ejercicio ilegal de

la profesión, como la práctica profesional que no se efectúe en el plano y

nivel científico propios de la psicología.

No obstante la claridad y la contundencia de la normativa ética-deontológica reseñada, existe un fenómeno concomitante que tiene que ver con el discurso de algunos/as profesionales dirigentes de algunos colegios - plasmado incluso en la presentación de trabajos en congresos -, que proponen incumplir la ley en cuanto a la obligación de denunciar; planteando no sólo un apartamiento y marginación de la ley, sino realizando además una verdadera apología del incumplimiento de la normativa jurídico-legal y ética-deontológica vigente; y lo que es más grave, pretendiendo remitir a perversos comportamientos de nuestras épocas más oscuras. A modo de ejemplo valga el trabajo intitulado: “El Psiconálisis y el Derecho”, presentado por la Lic. Gloria Seijo en la XIII Jornada de la Red organizada por el Colegio de Psicólogos de Quilmes el día 04 de setiembre de 2010, cuyo texto podremos remitirle de Usted solicitarlo.



En fin, nuestra preocupación es aún mayor cuando tomamos conocimiento que en esos mismos colegios de psicólogos se dictan cursos, supervisiones y conferencias en relación al denominado “síndrome de alienación parental”; transgrediendo abiertamente lo dispuesto en el art. 2º del decreto reglamentario de la ley 23.277, admitiendo evidencia que no ha sido revisada y validada por pares y por la comunidad científica especializada, y que viene teniendo un profundo efecto perjudicial induciendo a conclusiones erróneas en los tribunales. Aclaramos enfáticamente que ello no implica en absoluto desconocer la existencia de la gravedad y de la alta incidencia del abuso emocional en la infancia, producto de disputas y controversias parentales que involucran a uno o ambos progenitores.



Reiteramos que dado el carácter devastador del maltrato y el abuso hacia la infancia - especialmente intrafamiliar-, cualquier situación de sospecha seria o razonable debe investigarse y diagnosticarse en forma adecuada e idónea. Asimismo sostenemos que todos/as los/las psicólogos/as –y no sólo los/as especializados/as- tienen el imperativo ético y legal de denunciar y reportar de acuerdo a lo que indican las leyes locales de protección contra la violencia familiar, a partir de la sospecha seria o razonable.



Desde ASAPMI no puede más que promoverse el proceso de visibilización de la violencia intrafamiliar, especialmente del maltrato infantil en sus diferentes modalidades.



Entendemos que también debe ser una preocupación de todas las asociaciones que congregan a profesionales de la salud, el pavoroso índice de omisión de denuncia. En efecto, antes de la sanción de las leyes proteccionales contra la Violencia Familiar, las entidades y los profesionales de los ámbitos privados eran - y siguen siendo - reacios a cumplir con la obligación de denunciar, en función de experiencias poco felices. Concretamente, los profesionales de la salud entienden que están más resguardados de la acción legal cuando omiten reportar o denunciar. Esto los conduce inevitablemente a no recibir determinados casos de Violencia Familiar, o a echar mano a una gama de recursos que les eviten la denuncia, como basarse en una concepción absoluta del secreto profesional o bien adhiriendo a modelos o marcos teóricos inespecíficos de abordaje que les hacen considerar la denuncia como una traición a la propia elección teórica.



Por otra parte, los/as profesionales pueden llegar a pensar que las consecuencias de la intervención resultarían peores que el abuso mismo. En realidad, estudios retrospectivos han demostrado con claridad que una mayoría de adultos/as que cuando niños/as fueron abusados/as repetidamente pero que no revelaron el hecho, sufrió consecuencias negativas. También parece que las víctimas que en su vida adulta tuvieron un ‘buen’ desenlace son las que posiblemente hayan encontrado a alguien comprensivo y seguro en quien poder confiar. Hoy se considera que el hecho de no intervenir constituye de por sí una falta ética.



Las resonantes sanciones impuestas a psicólogos y psicólogas que han intervenido en el proceso de investigación, diagnóstico y tratamientos de niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato y abuso, nos llenan de preocupación. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos no hemos podido tener acceso a los expedientes en que se dictaron verdaderas condenas contra psicólogos y psicólogas, no podemos dejar de advertir que sí pudimos acceder a algunas tramitaciones donde la postura de la Lic. Gloria Seijo se aplicó literalmente.



Nos llama poderosamente la atención que no existan siquiera instrucciones sumariales contra psicólogos y psicólogas que intervienen en lo que se denomina revinculaciones salvajes, como que tampoco se registren denuncias y tramitaciones por diferentes supuestos de abuso de transferencia. Y llegamos al desconcierto cuando psicólogos y psicólogas que intervienen negligente y/o iatrogénicamente como peritos de parte o consultores/as técnicos/as de acusados, imputados y procesados por crímenes contra los Derechos Humanos en los que incluimos las diferentes modalidades de violencia intrafamiliar, no son sumariados por los colegios de psicólogos.



No desconocemos en absoluto que existen cada vez más en la temática “falsos profetas”, algunos/as de los cuales son de profesión licenciados y licenciadas en psicología. Profesionales de la salud mental que abordan la complejidad de estos casos sin la preparación y el entrenamiento necesario para hacerlo, con el desconocimiento de los marcos teóricos específicos actuales, que prescinden además de cualquier tipo de supervisión y omiten una adecuada derivación cuando tienen la posibilidad de hacerlo; y peor aún, evitando cualquier tipo de trabajo inter o multidisciplinario.



También debemos remarcar y resaltar que en la oferta de cursos de capacitación, supervisión o perfeccionamiento de la mayoría de los colegios no suelen abundar programas o actualizaciones sobre esta temática, siendo que una gran cantidad de profesionales de la psicología trabajan diariamente – capacitados/as o no - dentro de las instituciones jurídicas, administrativas (más aún con la sanción de las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes), sanitarias y de acción social; como también en el ámbito privado.



No es nuestra intención ejercer la más mínima defensa para quienes quebrantan el marco normativo jurídico-legal y ético deontológico del ejercicio profesional de la psicología, ya sea por mala fe o culpa grave.



Es por ello que rogamos que esta misiva sea tratada adecuadamente por los colegiados y los dirigentes, y que la temática de la violencia familiar y especialmente el maltrato infanto-juvenil ingrese en la agenda de los colegios de psicólogos, como asimismo en el permanente debate que plantea la ética y la deontología profesional en relación a la problemática.



Enviaremos copias de esta carta a diferentes sociedades científicas y cátedras que tenga pertinencia sobre esta problemática.



Cordiales saludos.

Lic. Patricia Elena Visir     Dra. María Inés Bringiotti

Presidente                              Secretaria

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