La lucidez moral de una niña llamada T. (a propósito del aborto autorizado en Bariloche)

20 abril 2010
Por Andrea Diez

La lucidez moral de las víctimas suele ser indirectamente proporcional a la capacidad profesional y ética de muchos operadores judiciales. Como si se tratase de una fórmula matemática, el axioma se repite en la vida real toda vez que una mujer denuncia un crimen en la justicia penal.

A una niña llamada T. su tío y su padre la habían violado desde que tenía 11 años (actualmente tiene 17). Por eso, ella quedó embarazada. Por eso rompió el pacto de silencio y denunció. Y por eso dijo desde el principio – y lo mantuvo hasta el final- : no quiero que este embarazo continúe.

Entonces se desencadenó una serie de pruebas y comprobaciones de la prueba de las que no sabemos aun cómo fue posible que la victima saliera mínimamente entera.

Primero fueron los médicos a dudar de su capacidad de decisión (o más bien, se sienten seguros de tomar otras decisiones sin consultar a nadie, pero no ésta). Y a pesar de que el código penal prevé que no es punible el aborto de una mujer que ha sido violada pidieron autorización a la justicia.

En la sentencia del juez Lozada se lee que esta niña llamada T. debió repetir su historia ante: 1) Una psicóloga y una asistente social de Promoción Familiar, 2) otra psicóloga, además de la anterior, 3) una tercera psicóloga, en la Cámara Gesell 4) una médica y otra asistente social, esta vez del Hospital, 5) el médico forense 6) otra medica ginecóloga, del hospital, 7) el psicólogo forense!.

Cada uno de ellos emitió un informe que, con ligeras variantes, concluye en que la niña T., con absoluta lucidez (la palabra lucidez es empleada en varias oportunidades por el juez Lozada en su sentencia), no quiere continuar con el embarazo porque éste es consecuencia de la violación de su padre; y que tampoco quiere tenerlo y darlo en adopción.

¿Hacían falta 7 informes diferentes para llegar a esta (lúcida) conclusión? Por supuesto que no.

Solo hacía falta escucharla.

Algo que, evidentemente, no pudo hacer la abogada que, casi como una contradicción absoluta, asegura desempeñarse como “Defensora de menores”. Para ella, la niña T. vivía en “una familia ampliada”, en lugar de haber vivido una situación crónica de abuso sexual familiar por parte de su padre y de su tío. Y, por si fuera poco, insistió hasta el cansancio en la necesidad de determinar el posible trauma psicológico que le provocaría un aborto, mientras la niña T. decía ante cada uno de los profesionales a los que tuvo que enfrentar que para ella la peor pesadilla no era el aborto, sino justamente el terror de que no se le hicieran .

No era tan difícil de comprender.

“No quiero”, decía la niña T. No quiero ser la madre del hijo de mi padre, quien es a su vez su abuelo.

No quiero un embarazo que me recuerde todos los días la tortura que he vivido.

No quiero este feto, resultado de los abusos que solo ellos podían detener.

¿O acaso alguien lo querría?

En los últimos años me he topado decenas de veces con esta lucidez moral en las sobrevivientes de violaciones sexuales, tanto en contextos familiares como de conflicto armado; y en las sobrevivientes de abortos clandestinos. Es una convicción ética, fundada en la certeza de estar haciendo lo correcto al denunciar a un pariente, al interrumpir un embarazo, o al retirarse de un proceso penal. Se trata de niñas o mujeres que, marcadas a fuego por el dolor y lo inexplicable de la violencia sufrida, asumen sus decisiones con una ética y una dignidad que resulta literalmente insoportable a tantos jueces, fiscales y defensores que pretenden, por el contrario, imponerles otra verdad, la propia, porque la consideran superior.

Para quien esté dispuesto a escucharlas, las decisiones éticas de estas sobrevivientes resultan un ejemplo incomparable de entereza, sanación y búsqueda de sentido a través de la justicia.

A esta niña llamada T. le tocó, por suerte, un juez tan lúcido como ella, quien no sólo resolvió que siendo el embarazo producto de una violación una de las excepciones de punibilidad prevista en la ley, no se requería de autorización judicial para practicarlo, sino que además consideró que con los elementos existentes (relato de la víctima, embarazo, testimoniales de testigos) no había que esperar el resultado del proceso penal para saber que había habido una violación.

Por el contrario, en la sentencia de la cámara que anula la decisión de Lozada para “evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes”, es decir, que otras mujeres y niñas que hayan sufrido violación sexual puedan abortar en un hospital público deben hacerlo en la clandestinidad y calladitas la boca -el juez Alfonso Pavone opinó que la violación de la niña llamada T. no estaba probada. Muy por el contrario, se explayó el juez, es obvio que la ley admite la no punibilidad del aborto cuando se trata de una mujer discapacitada mental “pues justamente la mujer idiota o demente no tiene consentimiento, por lo tanto probado como digo el acceso carnal y el embarazo, es lógico que ha sido un acto violatorio en los términos del artículo 119”. Traducido, esto significa que para el juez las mujeres que no tienen discapacidad mental tienen que probar, primero, que no han consentido, porque como es sabido los jueces generalmente creen que las niñas de 11 años provocan a sus padres y a sus tíos para que las violen.

Cuánto tendrían para aprender tantos jueces, fiscales y defensores de las palabras y de las experiencias de las víctimas.

Pero para ello se requiere de una altura moral a la que no todos llegan.


http://guillermoberto.wordpress.com/2010/04/20/la-lucidez-moral-de-una-nina-llamada-t-a-proposito-del-aborto-autorizado-en-bariloche/



OPINIONES

20 abril 2010 a las 11:59
El coraje, la valentia de las victimas de violaciones que denuncian tales hechos, se convierte en la justicia en un hecho que “hay que comprobar”..es etico esto?..una niña que fue violada por su padre,que dentro de su cuerpo tiene la prueba de tal horror y debe convivir con esto dia a dia, no es enloquecedor?…y desde ese lugar se animan..y no solo se animan a denunciar sino que esas denuncias han llevado a que otras victimas lo hagan..o sea esa decision digna de valor no solo transforma sus vidas sino tambien la de otras..todo esto, no es valorado, por aquellos/as funcionarios/as judiciales a los que ya no apelamos a su etica, sino a sus conocimientos, pensar que una niña en esta situacion miente, dudar, esperar, dar alternativas como la adopcion, es de una profunda ignoracia, es no leer, estudiar, escuchar a otros/as profesionales, es no saber minimamente cuales son los derechos humanos, el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, es parcializarnos como objetos de parir, de parir a pesar de todo, a pesar del horror, es pensar que la violacion es un problema “sexual· y no un abuso de poder, y si de abuso se trata..que es lo que hacen esos/as funcionarios/as..otra vez decidir sobre ese cuerpito..otra vez alguien extraño decide, los medicos que se niegan..los jueces…defensores/as etc..todos/as menos quien vivio el horror y desea desesperadamente por lo menos una reparacion…que la justicia insiste en no dar..reparacion que no encontro quien tuvo que escuchar una vez que un juez, mandara a vivir nuevamente como vecino a su violador.torturador..haciendo un estudio exhaustivo si hubo penetracion o no…no es acaso sospechable este fervor para investigar la inocencia del violador y el poco valor que le dan a la palabra de la victima? seguiran pensando…quienes tienen la obligacion de impartir justicia “algo habran hecho”…? buscando justificaciones para el violador y dejando a las victimas en total desamparo..ya es hora que…sepan..mas alla de lo etico que seria importante tambien cuestionar…que debieran…instruirse..y dejar de disciplinar a las mujeres…y a nuestros cuerpos…


24 abril 2010 a las 11:27 #9 Responder Cita COMO TODO TIENE QUE VER CON TODO, reenvío una carta de lectores publicada en el diario “Río Negro” el 24/04/2010

“Hay ruido en tribunales”

Recurrentemente, quienes ingresan a los tribunales de esta ciudad, al igual que aquellos que concurren a los juzgados de las otras circunscripciones judiciales de la provincia, se encuentran con ruidos no habituales. Ya no son los diálogos de las mesas de entrada, los murmullos de los pasillos o los comentarios previos a las audiencias los que cambian el silencio de la inactividad por el fragor de las tareas cotidianas.

Ahora son los tambores, los redoblantes y los bombos los que convierten los ámbitos tribunalicios en la caja de resonancia de situaciones teñidas por la injusticia, la ilegalidad y el incumplimiento. La incertidumbre de la fecha de pago de los salarios de los empleados judiciales, la discrecionalidad de los cronogramas, la falta de efectivización de los concursos realizados hace más de un año, la incorporación al plantel de empleados judiciales de personas que no han salido airosas en los concursos o, lo que es peor aún, que no han concursado, son sólo algunos de los reclamos que mensualmente movilizan al Sitrajur en la provincia de Río Negro.

Las retenciones de servicios se suman a las ruidosas protestas y ello acarrea, evidentemente, demoras, tardanzas e incumplimiento de los plazos procesales, con el lógico descontento que ello provoca en los justiciables y en los abogados. Un recurso facilista del poder es, entonces, atribuir las consecuencias apuntadas a los reclamos del gremio. Nada más inexacto. Convendría recordarle la célebre anécdota del “Guernica” atribuida al genial maestro catalán Pablo Picasso. En la primera exposición de esa obra insuperable se le acercó un militar nazi y le inquirió: “¿Esto lo hizo usted?”. Picasso, con su genio inigualable, le respondió rápidamente: “No. Esto lo hicieron ustedes”, significando con esas pocas palabras que el horror de la muerte, de la mutilación, de la destrucción que reflejaba la tela pintada, lo había generado el genocidio nazi con el bombardeo asesino sobre la localidad española. No otra es la respuesta que cabe ante la realidad que hoy y recurrentemente se vive en los tribunales de la provincia. No son los paros, los tambores ni las retenciones los que colapsan el servicio de justicia. Son la desidia, la inoperancia y el autoritarismo de quienes conducen el Superior Tribunal de Justicia los que provocan este cuadro de situación plagado de irregularidades que atentan a diario contra el Estado de derecho y la República.

¿O no es este Superior Tribunal de Justicia el que prohijó remuneraciones en negro a magistrados y funcionarios (conocidas como “MIG”), otorgadas de manera discrecional y nunca transparentadas a la opinión pública pese a los reclamos de los colegios de abogados y de los medios de prensa? ¿O no es esta conducción la que se movió con celeridad y eficacia (medidas en términos de su conveniencia) para lograr la rápida implementación de un mecanismo jubilatorio tan selectivo como elitista, desconociendo el derecho universal al 82% móvil? ¿O no se oponen también al pago del Impuesto a las Ganancias por parte de magistrados y funcionarios, demostrando que la “selectividad” (tanto de los beneficios que reciben como de las cargas que incumplen) y no la “universalidad” forma parte de sus convicciones? ¿O no es este Superior Tribunal el que boicotea el Consejo de la Magistratura que preside no convocando a su funcionamiento permanente y posibilitando con su renuencia la demora en la cobertura de las vacantes y la tardanza en la resolución de las causas disciplinarias? ¿O no es esta cabeza de poder la que echa mano habitualmente a la designación discrecional de funcionarios y magistrados “sustitutos” que escapan a la regla del concurso previo y a la exigencia constitucional de la idoneidad demostrada? ¿O no es este Superior Tribunal el que designa funcionarios a personas que no tienen el título habilitante para desempeñar tales cargos, violando de manera grosera la Constitución provincial? ¿O no es responsabilidad de esta conducción el proceso creciente de privatización del servicio de justicia que se palpa en Río Negro, con la permanente implementación de aranceles antes inexistentes? ¿Hace falta más? ¿Qué más hay que decir para que nos demos cuenta de quiénes son los responsables del marasmo, el descontrol, el plano inclinado del servicio de justicia?

Como en el “Guernica”, también acá hay responsables directos, que no son los que deben recurrir a la exteriorización de sus reclamos con los ruidos de los tambores. El redoblar de los bombos sólo patentiza responsabilidades, ineficacias, impericias, autoritarismos y falta de independencia de quienes ostentan el privilegio de conducir uno de los tres poderes públicos de nuestra provincia. Los ruidos que se escuchan en tribunales también evidencian que hay ciclos que se cumplen. Inexorablemente.

María Gabriela Lastreto – Carlos Alberto Gadano

(Abogados) – Gral Roca (R. N.)